Renuncia la ministra de la Juventud, Kimberly Taveras, tras escándalo con su declaración de patrimonio

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SANTO DOMINGO. – La ministra de la Juventud, Kimberly Taveras Duarte, presentó este lunes su renuncia como titular de esa entidad, a raíz de la polémica generada por su declaración jurada de bienes.


De acuerdo a una fuente de El Nuevo Diario, la ahora exministra, quien se encuentra de licencia desde hace dos meses, presentó su dimisión a través de una misiva dirigida al presidente Luis Abinader, que depositó en el Palacio Nacional.
“A casi dos meses de esta licencia que dejó acéfalo el Ministerio de la Juventud, aún el Ministerio Público no ha concluido con las indagaciones a las que he sido sometida, afectando seriamente la tranquilidad de mi vida personal, la de mi familia, ademas de mis actividades profesionales y políticas’, reza una parte de la carta.

Taveras Duarte continúa diciendo que, al ser una joven formada políticamente, “bajo la firme concepción de que las instituciones son el pilar en la que se sustenta la sociedad moderna”, está consciente de que no puede seguir sometiendo al ministerio a la incertidumbre administrativa actual, sin que eso lacere sus principios.


“En ese sentido y en aras de que mi búsqueda de justicia no perjudique la buena imagen de usted y nuestro gobierno, hoy me aparto definitivamente del cargo de Ministra de la Juventud”, apunta.

A mediados de octubre, la funcionaria solicitó al presidente Luis Abinader una licencia sin disfrute de sueldo, sin percibir salario, para facilitar la investigación y con el objetivo declarado de “defender su honor” en calidad de ciudadana, decisión anunciada horas después de que la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) informara sobre la apertura de una pesquisa en su contra.


“Ahora, me debo enfrentar al sicariato moral, que como ayer pretende evitar que las Jóvenes mujeres de la Guáyiga y de las otras Guayigas del país sean reconocidas, lo cual haré con la misma determinación y gallardía que me caracteriza. Sólo espero, que esa justicia independiente que con efusividad investiga y persigue el señalamiento público, tenga la valentía de reconocer a los inocentes, pues sólo así podremos ser garantes de qué los jóvenes de hoy y de mañana no importa si vienen de Piantini o de la Guáyiga, puedan gozar de esa anhelada justicia a la cual usted le ha dado su primer aire de libertad. Que Dios le bendiga señor Presidente”, concluye su misiva.

Previamente, la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) anunció la suspensión del registro de proveedores del Estado de la ministra y, del mismo modo, abrió una investigación.


Al asumir el cargo, la titular de la cartera de Juventud dijo poseer un patrimonio de 74 millones de pesos (1,27 millones de dólares) en la declaración jurada que presentó a la Cámara de Cuentas.


La DGCP confirmó que Taveras figuraba como proveedora del Estado con dos empresas, una que tiene su nombre y otra, el Colegio Domínico Chino, del que es gerente administradora, además de poseedora del 75 % de sus acciones.

La legislación establece que los funcionarios de primer y segundo nivel de jerarquía, entre los que figuran, ministros, viceministros, directores y subdirectores, alcaldes y regidores, no pueden ser oferentes ni contratar con el Estado para suplir bienes, obras y servicios a las instituciones gubernamentales.

A través de su programa de investigación, la periodista Nuria Piera realizó varias denuncias sobre la forma en que la ministra se hizo con contratos millonarios en varias alcaldías del país.


A finales de noviembre, la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) depositó ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción (PEPCA), documentación relativa a la investigación de oficio que realiza el órgano persecutor sobre la ministra de la Juventud.

El órgano rector informó, en un comunicado, que los documentos aportados al Ministerio Público están relacionados con el proceso de licitación AMBC-LPN-001-2017 realizado por la Alcaldía Municipal de Boca Chica para la recolección, transporte y vertido de seis mil toneladas de desechos sólidos no peligrosos domésticos, cuya adjudicación recayó sobre la compañía OAR Imperio S.R.L, vinculada a Taveras Duarte, por la suma de RD$2,625,000.00.
La institución también destacó que recibió y analizó documentación relevante de manos de la Junta Municipal de La Guáyiga, a la luz de la Ley 340-06, de Compras y Contrataciones de bienes, servicios y obras, la cual servirá al PEPCA para profundizar en sus investigaciones.

Otro de los documentos depositados por la unidad especializada de investigación de la DGCP tiene que ver con la ejecución del contrato OB-OISOE-MP-040-/2013, suscrito entre la Oficina de Ingenieros Supervisores del Estado (OISOE) y el Consorcio Consmara-Seminsa, en el marco de la Licitación Pública Internacional Núm. LPI-001-2013, para la remodelación y equipamiento de la Ciudad Sanitaria Dr. Luis Eduardo Aybar.
La entidad informó que en la resolución RIC-98-2020, de fecha 8 de septiembre de 2020, que responde a la solicitud de investigación interpuesta por Participación Ciudadana sobre este proceso, la Dirección General de Contrataciones Públicas verificó irregularidades en la ejecución del referido contrato, y en particular, concluye que se incumplió con las disposiciones establecidas en el artículo 31 de la Ley 340-06 y sus modificaciones y el artículo 127 del Reglamento 543-12, en lo relativo a no aumentar el monto del contrato de la obra en más de un 25% respecto al contrato original.

De igual modo, no fue comprobado que las enmiendas realizadas fueran la única forma de satisfacer el interés general, siendo estos límites y condiciones para que proceda jurídicamente la modificación de un contrato.


Frente a las imputaciones mediáticas, Kimberly indicó que aportó documentos, certificados por la Dirección de Compras y Contrataciones y el Instituto de Crédito Cooperativo (Idecoop), los cuales testimonian que no incurrió en tráfico de influencias ni violó ninguna ley, sino que sus negocios y contratos se hicieron fuera de cargos públicos y dentro de lo que establece el régimen de libre competencia empresarial.