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“Sube el costo de la vida”, “el dine­ro ya no alcan­za”, “lo que ayer me costaba 200, hoy me cuesta 250”, “lo que gano no me alcanza para vivir”; estas frases parecen anécdotas de un pasado fu­nesto, pero la realidad es que han vuelto a resurgir.


En el capitalismo, los seres hu­manos pagamos un precio por vivir y por formar parte del intercambio de bienes y servicios que sucede en una sociedad moderna. Algunos pagan más que otros, pero todos, inexorablemente, al­go tienen que pagar.

Es por eso por lo que, al hablar del costo de la vida, todos los es­tratos sociales se sienten re­flejados y afectados, sobre todo cuando el aumento de los bienes y servicios es sig­nificativo en un corto perío­do de tiempo.

Para comprender el tema, los economistas manejan distintas variables que son constantemente observadas para determinar el aumento del costo de la vida: la esta­bilidad cambiaria, el valor de la moneda oficial, el tamaño de la economía y su tasa de crecimiento y, sobre todo, el índice de precios al consumi­dor, por ser el indicativo más importante para determinar si los ciudadanos tienen que gastar más dinero que antes para mantener su nivel y ca­lidad de vida.


La sabiduría popular tie­ne sus propias formas de cal­cular empíricamente el cos­to de la vida. En los sectores populares, se lleva la medida con base a lo que establece el colmado, que es el referente de precios de los hogares en la masa popular.

Como últi­mo eslabón de una larga ca­dena de valor, el que atiende en el colmado es el que tras­pasa al ciudadano común las alzas inevitables que afectan el costo de la vida

En los sectores con más re­cursos, la cara del colmade­ro es sustituida por la factu­ra del supermercado, con el mismo efecto devastador en el bolsillo de los ciudadanos. En las clases medias, el índi­ce de precio al consumidor se entiende mejor compa­rando el número de artículos o fundas del supermercado y el gasto necesario para llenar la despensa cada semana. En general, es un principio que se extiende a todos los ám­bitos donde se intercambian bienes y servicios, porque ca­da actor de la economía tras­lada el aumento de sus cos­tos a sus clientes.


La población en general ya siente los efectos de esta realidad inexorable, que te­nemos que aceptar no es una cuestión causada por facto­res internos. Cualquier parti­do habría tenido que enfren­tar el mismo escenario de complejidad económica. Sin embargo, quienes gobiernan tienen la posibilidad de res­ponder a estos factores exó­genos, y de esa respuesta de­penderá la evaluación que la ciudadanía debe hacer de los partidos políticos y los gober­nantes.

En el contexto económico actual, la respuesta del Go­bierno no puede ni debe ser tímida, hay que apoyar a los sectores productivos, conti­nuar las estrategias para el aumento de la producción que se implementaron en el pasado, facilitar el acceso al crédito agropecuario y dis­minuir los costos indirectos que genera la actividad eco­nómica del campo.


El rol del Estado no es in­tervenir directamente en el balance entre la oferta y la demanda, ya en el pasa­do hemos aprendido que no son estrategias eficientes en el mediano y largo plazo.
Lo que hay es que apoyar y di­namizar a los productores lo­cales, apoyarlos con la certe­za de que su producto no se echará a perder y que cuen­tan con políticas públicas de calidad que generen confian­za en la inversión.


No hay tiempo qué per­der para enfrentar esta reali­dad. Los aumentos son pro­vocados por factores ajenos al país, pero una respuesta eficiente y de calidad, está en manos del Gobierno.