Castigaran hasta con 2 años de prisión quien no entregue información al DNI

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El proyecto de ley que busca crear la Dirección Nacional de Inteligencia, obligará, bajo la pena de aplicar sanciones, a todas las dependencias del Estado, instituciones privadas y personas, a entregar las informaciones que ese organismo necesite para cumplir con sus funciones de salva la seguridad nacional.


En consecuencia, serían castigados con prisión correccional de seis meses a dos años, y una multa de 100 a 150 salarios mínimos vigentes, quienes se nieguen a entregar las informaciones a la Dirección de Inteligencia.

La penalidad se aplicaría conforme al artículo 88 de la Ley 172-13 que tiene por objeto la protección integral de los datos personales asentados en archivos, registros públicos, bancos de datos u otros medios técnicos de tratamiento de datos destinados a dar informes, sean estos públicos o privados.
Esa penalidad es un punto nuevo, puesto que hasta ahora las instituciones ofrecían las informaciones a modo de colaboración, pero no había sanciones en caso de no hacerlo.
La propuesta sometida al Congreso por el Poder Ejecutivo fue conocida en la agenda de este jueves en el Senado donde se dispuso su envío a comisiones.

La Dirección Nacional de Inteligencia tendrá las atribuciones de investigar cualquier acto que atente contra la Constitución y las instituciones del Estado, ponga en riesgo la seguridad nacional o trate de establecer una forma de gobierno contraría al ordena- miento constitucional.


En este aspecto se amplía el artículo 1 de la actual Ley 587, que dice: “Este Departamento tendrá facultad para investigar cualquier acto cometido por personas, grupos o asociaciones, que atenten contra la Constitución y las leyes de la República, las instituciones del Estado o que traten de establecer una forma de gobierno totalitario”.


Además tiene la responsabilidad de proteger a las instituciones del Estado, los recursos e instalaciones estratégicas públicas y privadas de actos de penetración, infiltración, espionaje, sabotaje u otras activi- dades de inteligencia desarrolladas por personas, grupos, asociaciones, gobiernos extranjeros u organiza- ciones criminales armadas, entre otros.

El anteproyecto establece que serán de carácter confidenciales y estará prohibida la divulgación de las informaciones, planes y o-peraciones del organismo.


“Para el cumplimiento de sus funciones, podrá desarrollar actividades de inteligencia y contrainteligencia sobre personas o enti- dades, para lo cual podrá recabar la colaboración precisa de entidades, organismos e instituciones públicas y privadas”, refiere el párrafo II del artículo 10 de la iniciativa.
Los miembros de la dirección serán de libre designación y separación, dominicanos, no podrán tener otra nacionalidad ni antecedentes penales. El personal será sometido cada seis meses a un régimen de pruebas entre las que se podrán incluir poligrafía, psicometría y antidopaje.


De igual modo, tendrán prohibido participar en actividades políticas, manifestaciones y cualquier otra de carácter de reivindicación, ya sea colectiva o individual.Posición del consultor.

El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, aseguró que el Gobierno ha estado depurando el Departamento Nacional de Investigaciones (DNI) y que con el nuevo proyecto de ley busca institucionalizar esos cambios.
“Lo que plantea esta ley es un sistema nacional de investigaciones, porque ahora el Estado tiene varios órganos que hacen inteligencia… pero todos estos actúan de manera dispersa. Esta ley dice vamos a crear un sistema”, indicó Peralta.


Sostuvo que se busca crear un inspector de la Dirección Nacional de Inteligencia que investigará la conducta de los miembros de esa institución.


“Actualmente la ley que regula el DNI del 1978 le da un poder absoluto a su director para hacer y deshacer y disponer y sancionar a sus miembros. Este proyecto crea una inspectoría para investigar la conducta de los miembros de la Dirección Nacional de Inteligencia”, manifestó.


Precisó que el DNI tradicionalmente había sido dirigido por militares o exmilitares y que en esta ocasión el presidente Luis Abinader colocó a un civil al frente de la institución.


“Luis Soto ha venido limpiando el DNI, ya esta no es una institución donde se desmantela una banda de delincuentes o de narcos y aparece gente con carnet del DNI. Ya no hay armas en manos de particulares, de empleados, de empresarios, de choferes, de comerciantes que tienen carnet y armas del DNI”, refirió Peralta en el programa El Día, de Telesistema, canal 11.Ley no contempla violación de derechos fundamentales.

Sigfrido Pared Pérez, director del DNI hasta el 16 de agosto de 2020, asegura que la ley enviada por el Poder Ejecutivo al Congreso no tiene nada que ver con el control de acciones ilícitas de espionaje y violación de derechos fundamentales del DNI a la ciudadanía, como afirmó el consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Anto- liano Peralta.


Pared Pérez entiende que actividades como intervenciones telefónicas sin la orden de un juez, siempre han sido ilegales. Explica que, desde la promulgación de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, 139-13, el DNI se separó del Ministerio de Defensa.


También afirma que es imposible que el DNI asuma las entidades de inteligencia del Estado, en virtud de que cada dependencia tiene su división que responde al comandante general o al ministro de Defensa.


Aclara que el DNI es el coordinador de toda la inteligencia, pero no puede sustituir los estamentos que existen. Durante su gestión se hacían reuniones mensuales con todas esas dependencias para coordinar y preparar planes para mejorar la eficiencia.


En el año 2013 fue creado un proyecto de ley para reglamentar el Sistema Nacional de Inteligencia durante el gobierno de Danilo Medina. En el texto presentado al Senado por la actual administración se hicieron algunos cambios, pero, en términos generales, Pared Pérez ve la misma intención en la norma.

Peralta había dicho en rueda de prensa que a la Dirección Nacional de Inteligencia que crearía la norma le correspondería la regulación, vigilancia y control sobre la Dirección Central de Inteligencia de la Policía (Dintel), la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), la Dirección de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto del Ministerio de Defensa (J-2), el G-2, A-2 y M-2.